@WillyElPilo

Colombiano: Abogado – Economista, PhD(c) en Derecho, Magister en Derecho Económico. Docente Universitario y consultor. Nos habla de la actualidad del país latinoamericano.

Recientemente se conoció la denuncia que realizara la representante a la Cámara Catherine Juvinao, en la que pregunta públicamente al ex ministro del Interior Luis Fernando Velazco; ¿Quién dio la orden? de no entregar a los representantes las copias de las ponencias del Senado de la Reforma Pensional. Denunció la representante que las copias de los documentos estaban realizadas y costaron alrededor de un millón de pesos y a pesar de contar con seis días para el debate del proyecto de Reforma Pensional, el gobierno, en cabeza del exministro Velazco, promovió el “pupitrazo” causando de forma deliberada el vicio de tramite que dará como resultado la inconstitucionalidad de la Ley. Para luego alegar que existe un golpe blando ahora en cabeza de la Corte Constitucional, corporación que deberá indefectiblemente declarar la inexequibilidad de la norma por vicios de trámite.

La denuncia que realizó la representante Juvinao, confirma que el gobierno deliberadamente (consciente y de forma premeditada) prefirió que no se realizara un estudio de fondo en el examen de constitucionalidad de la Reforma Pensional, se auto saboteó, para esconder que el proyecto de Ley no fue capaz de explicar en principio de donde saldrían los fondos (el impacto fiscal) para asegurar los cambios propuestos. A pesar de que en todo el trámite se le pidió al ministro de hacienda el estudio de impacto fiscal y sostenibilidad financiera del régimen pensional planteado por el Gobierno.

El presidente Gustavo Petro en los actos de campaña se comprometió socialmente a presentar la Reforma Pensional, compromiso político que cumplió, pero no la presentó con los insumos requeridos para garantizar desde el punto de vista técnico y constitucional la sostenibilidad financiera, una exigencia establecida en el artículo 48 de la Constitución Política.

De otra parte, tampoco logró explicar los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que debe aplicar la Corte Constitucional en el Test de proporcionalidad que permite justificar la regresividad contenida en la Reforma Constitucional. Este asunto merece una explicación detallada, miremos: en primer lugar, se dijo que las pensiones altas deben desaparecer, para que los subsidios que aquellas reciben sean destinados a los ingresos de los adultos mayores. Pero no se explicó que los jóvenes de hoy, tampoco se pensionarán en el futuro porque los problemas que actualmente impiden el acceso masivo a la pensión tienen que ver con la calidad de empleo que se genera en el país, la alta informalidad en la economía y por ende en las relaciones laborales.

Para el año 2035 aproximadamente, cuando empiecen a pensionarse quienes no aplican al régimen de transición recibirán pensiones entre 1 y 3 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes - SMMLV en su gran mayoría. Las más altas serán de 4 SMMLV, en consecuencia, no existirán pensiones que superen los 10 millones de pesos de ese momento. En ese contexto, si usted es joven hoy y debe cotizar alrededor de 360 millones de pesos durante du vida laboral, para recibir al final de su vida una pensión de 4 salarios. Pero tenía un estilo de vida en su vida laboral de 15 salarios, la pensión recibida no garantizará su mínimo vital. A este fenómeno se le ha llamado inequidad intergeneracional un asunto que el Gobierno evitó explicarle a los jóvenes, al viciar de nulidad por trámite su propuesta de reforma, pues la Corte Constitucional no estudiará el fondo de la propuesta y de sea forma no podrá decir; que el gobierno del cambio castigó a sus mayores simpatizantes, los jóvenes.